Educación, ¿una vuelta al pasado? (II)

Mª Caridad Navarro.

Educar no es lo mismo que enseñar. La educación afecta al auténtico desarrollo del ser humano, que consiste en ver de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones, incluida la transcendente.

Pero no todos lo ven ni lo han visto así. Las razones que se alegan para la marginalización escolar de la religión o incluso para su expulsión de la escuela suenan como sigue: el Estado debe velar por la convivencia de todos y no puede dejarse guiar por fes privadas ni morales particulares. Por tanto, en la escuela estatal no puede haber lugar más que para los valores universales; no hay sitio en ella para la religión. Quien lo desee, que cultive su fe o la de sus hijos en la iglesia.

Bajo una amable apariencia de tolerancia, tal contraposición ideológica de ética pública y ética privada esconde, en realidad, una errada visión de las cosas nada respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. Es errada porque da por sentado que el Estado esté capacitado para determinar cuáles sean los valores éticos universales que se puedan imponer a todos. Y así nos encontramos que, el pasado 21 de septiembre, el Consejero de Educación de Castilla la Mancha anunciaba la implantación en este curso de una nueva asignatura “Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad”; ¿Por qué va a saber mejor el Estado que la sociedad —familias, escuelas, asociaciones o comunidades de fe— dónde está la virtud y cuáles son los principios que la informan, por ser verdaderamente conformes con la naturaleza humana? ¿Quién va a dirimir el litigio intelectual planteado —por ejemplo— entre la pretensión de universalidad propia de la fe cristiana o de la filosofía, por un lado, y esa otra pretensión de universalidad de la ética estatal, por otro? ¿No resulta hiriente pensar que pudiera ser el Estado mismo, convertido en juez y parte? Juez, por cierto, dotado de los recursos de la fuerza que sólo es legítima cuando se emplea para otras cosas bien distintas de la imposición de una ética supuestamente universal.

La historia —en particular, la del siglo XX— muestra en la práctica lo que la teoría ya sabe: que cuando el Estado va más allá de sus competencias propias y se convierte a sí mismo en fuente o cauce de la moral, acaba actuando en contra de los derechos de las personas, con frecuencia de modo trágico. No es competencia del Estado imponer ninguna ética: ni religiosa, ni laica.

Los ordenamientos democráticos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial fueron muy conscientes de que ahí está la clave de su propia existencia. Por eso arbitraron los mecanismos legales apropiados para garantizar la libertad de conciencia y de enseñanza. La libertad de enseñanza, reconocida y protegida también por la Constitución española, significa precisamente eso: que el Estado debe actuar en la educación de modo subsidiario, es decir, regulando, promoviendo y completando la actividad educativa de la sociedad, sujeto primario en ese campo.

En España, a pesar de la precaria situación legal de la religión católica en la escuela, son en torno al 70% de los padres los que eligen la religión y moral católica para sus hijos. El Estado debe facilitarles el ejercicio de ese derecho, reconocido por la Constitución (art. 27). Con ello no impone a nadie el catolicismo, sino que respeta el derecho de quienes libremente eligen esa opción.

Publicado en la “La Tribuna de Albacete” el 7 de octubre de 2017.

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