El “riesgo” de educar a tus hijos en tus propias convicciones

Mª Carmen González Carrasco.

En medio de las celebraciones del orgullo gay, se ha publicado la Ley Navarra 8/2017, de 19 de junio. La norma, en un enésimo ejemplo de exceso competencial, establece que la negativa a respetar la orientación o identidad sexual de un menor por parte de quienes tengan atribuida su patria potestad o tutela será considerada situación de riesgo (esto es, causa suficiente para que la Administración autonómica asuma la tutela administrativa y establezca un régimen de guarda fuera del núcleo familiar, suspendiendo el ejercicio de la patria potestad por parte de los padres), salvo que por las circunstancias que concurran, pueda ser sea calificada como violencia o maltrato psíquico. Y también establece que si en los centros docentes hay instalaciones segregadas por sexo, como aseos y vestuarios, se garantizará al alumnado, personal y profesorado transexual, igual que al resto, el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su sexo sentido.

Creo que convertir la oposición de los titulares de la patria potestad a la orientación sexual de un hijo menor de edad en una situación de riesgo implica obstaculizar la función parental de orientación y formación de los hijos, pone un arma muy peligrosa en manos adolescentes todavía inmaduras y además supone un profundo desconocimiento de los avances que la neurociencia viene aportando a la realidad de la disforia de género y a la (insuficiente) madurez del cerebro del menor hasta bien abandonada la adolescencia para valorar las consecuencias a largo plazo de decisiones de carácter irreversible, como las que implica el cambio de sexo. En segundo lugar, el respeto a la compleja realidad de la transexualidad sentida ha de conjugarse el derecho del resto de los menores a que no se les imponga la presencia de un compañero de distinto sexo genital en los vestuarios cuando, debido a la menor edad, no ha culminado el proceso de cambio de sexo (diagnóstico de disforia y tratamiento hormonal) que establece la ley.

Las parejas heterosexuales también estamos orgullosas de nuestra familia, de nuestra cosmovisión y del respeto que sentimos hacia todas las personas, con independencia de su raza, credo o condición sexual, en el que también hemos educado – y quien no lo haga, ya está tardando- a nuestros hijos. Y consecuentemente, también exigimos respeto al derecho a educar a nuestros hijos y procurarles una formación integral acorde con nuestras convicciones, que la Constitución, en su artículo 27, nos garantiza frente a la mordaza del Estado. Nosotros somos quienes mejor conocemos la personalidad de nuestros hijos, quienes más los podemos ayudar en su proceso de maduración y quienes los queremos más. No en vano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la facultad de definir el interés superior del niño corresponde en primer lugar a los padres, y solo de forma subsidiaria, y de forma excepcional, a los poderes públicos.

Este resquemor hacia las libertades constitucionales, esta desconfianza hacia el derecho-deber constitucional de los padres de educar a sus hijos en sus propias convicciones y participar de forma activa en su proceso de maduración, este empeño en poner en manos de la Administración la gestión de un riesgo “ideológico” para cuyas manifestaciones más graves ya contamos con un poder judicial independiente, empieza a adoptar una deriva de educación oficialista más propia de un Estado autoritario que de un régimen democrático. ¿Orgullo o prejuicio?

Publicado en la Tribuna de Albacete el 29 de junio de 2017.

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